(IN)JUSTICIA POR MANO PROPIA

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En las últimas semanas han tomado estado público diversos casos que rápidamente quedan enmarcados en lo que se denomina “justicia por mano propia”: en la ciudad de La Plata un playero intenta quemar a otra persona en una estación de servicio tras sufrir un intento de robo, en Zárate el dueño de una carnicería aplastó con su auto a una persona que le robó dinero de su caja en el negocio… Estos son algunos de los casos que se suman al del médico que mató de varios disparos a un hombre en el Gran Buenos Aires, luego de que le quisiera sustraer su auto. Y así, se completa la aparición de un nuevo tema que genera controversias a partir de la agenda mediática que se esfuerza por ser instalada frente a los televidentes.

Una vez más, los medios de comunicación hegemónicos juegan un rol decisivo a la hora de lo que se discute en la opinión pública: por la “pesada herencia” se tuvo que tomar la decisión -política- de aumentar las tarifas sociales, y nuevamente aquí pareciera perpetuarse el mismo mecanismo argumentativo: por culpa del gobierno anterior, que no pudo resolver el problema de la seguridad, suceden estos hechos lamentables.

Ahora bien, ¿no resulta un contrasentido hablar de justicia por mano propia? No en vano el saber popular suele endilgar o utilizar el término “ajusticiar” cuando tomamos una decisión guiados por la Ley del Talión (ojo por ojo y diente por diente), o sea, a – justiciar, en términos del lenguaje, a= sin, es decir, sin justicia. Lejos de producir la actuación de La Justicia, en última instancia, no deja de ser un principio guiado que sólo promueve la pasión de la venganza y que fogoneado por el bombardeo mediático y el descuido en la exposición que en estos días se ha hecho sobre los autores involucrados -que rápidamente pasan a desfilar por los canales televisivos-,  se los empuja a formar parte de un reality show, y que culminan con una declaración donde el presidente Macri se pronuncia abiertamente a favor de la ¿víctima? antes que la justicia investigue.

Estos sucesos no pueden ser leídos de manera aislada por fuera de un conjunto desmesurado de medidas en términos de políticas de seguridad del Gobierno Nacional: el “protocolo antipiquetes”, la presencia desmedida de las diferentes fuerzas de seguridad en los actos públicos para reprimir las manifestaciones en su contra (los mismos que durante la campaña electoral se jactaban en nombre de la libertad de expresión y de la importancia de respetar aquel derecho), y que tienen como propósito la demonización de la participación política de la juventud. ¿Acaso no fue este último punto el que marcó un antes y un después a partir de Néstor y Cristina  Kirchner? Quienes lejos de mostrar que “la juventud estaba perdida” han restituido un rol social profundamente protagónico a los jóvenes de nuestro tiempo en la sociedad.

Arribamos de este modo a un último punto que abre otra dimensión del problema, puesto que el modo obsceno en que se dan a ver dichos sucesos nunca permiten visibilizar ni pensar las causas de la inseguridad, o de la seguridad, permaneciendo silenciadas: el aumento desmedido de la creciente desigualdad social que en estos últimos meses se ha promovido a partir de las políticas económicas del actual gobierno. Si el Estado Nacional se transforma en una sede de los grandes grupos económicos y no permite garantizar La Justicia (tan cuestionada hoy día) como instancia independiente, así como el cuidado de la distribución de los capitales, no hay acto más violento para un ser humano que la injusticia social avalada desde un gobierno de turno.

La justicia por mano propia siempre conlleva cierta injusticia implícita, porque deja al ciudadano en la soledad de sus actos en ausencia de las garantías institucionales que la presencia del Estado debería abonar. La desdicha que pudiera provocar ser víctima de un hecho delictivo no debería empujar hacia la comisión de un delito de mayor gravedad; de eso se trata el sistema penal, de evitar la venganza personal, de impedir que una violencia se responda con una violencia mayor. Quizás sea por esta razón que los asuntos de materia penal no pueden someterse a plebiscito, tal como lo dicta la Constitución Nacional. Y quizás, sea por eso también, que las sociedades que contemplan la pena de muerte en sus sistemas jurídicos, no han logrado por eso bajar la tasa de delitos cometidos sino que la han aumentado.

Una vez más, el modo de instalación mediática de estos hechos desdibuja el problema de fondo y sus raíces. Una vez más, víctima y victimario se confunden.

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