DESALOJO Y NEGOCIO INMOBILIARIO

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En el día de hoy, lunes 19 de septiembre, a las 9 de la mañana, los vecinos del edificio de Pichincha 191 fueron forzados a dejar su vivienda por una supuesta orden de desalojo.

Según Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, el inmueble presentaría un peligro de derrumbe inminente, poniendo en riesgo la vida de los habitantes del mismo.

El problema es que, según comentaba Margarita, una de las damnificadas, no existió notificación ni aviso previo, por lo que 6 familias con más de 14 menores, algunos de ellos con capacidades reducidas, no tuvieron la oportunidad de buscar un lugar donde quedarse.

Tampoco existe una solución habitacional inmediata ni subsidio de emergencia, por lo que la alternativa ofrecida a los vecinos fue que se dirigieran a paradores, y dejaran sus pertenencias en depósitos. Pero algunos de ellos comentaban que los paradores están colapsados, así como los depósitos, por lo que no tienen lugar a donde ir. Y tampoco son, esos lugares, aptos para habitar con sus familias enteras.

Aparentemente, según el comisario a cargo del operativo, lo que se realizó fue una clausura del edificio por las condiciones inhabitables del mismo, lo que hace que el desalojo sea de tipo administrativo y no judicial. La fiscal a cargo del caso es Claudia Barcia, y es quien, amparada en el “peligro inminente de derrumbe”, quiere hacer efectivo el desalojo sí o sí el día de hoy.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el lugar, junto con referentes de distintos espacios políticos, incluído el comunero del FPV Gabriel Zicolillo; juntos tratan de encontrar una solución a esta lamentable situación, presentando pedidos de amparo, informes y escritos al juez que lleva el caso.

Hasta el momento no hay ninguna resolución, por lo que los vecinos se encuentran en la incertidumbre.

“No nos avisaron nada, vinieron hoy a tocarnos la puerta diciendo que nos teníamos que ir. Los chicos no pudieron ir al colegio, no sabemos dónde vamos a dormir esta noche. No se puede vivir así.”, relataba Erika, una habitante del edificio.

Lo cierto es que este se está volviendo un modus operandi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin previo aviso, con excusas varias y sin ninguna solución, dejan cada vez más familias en la calle. Y ya es sabido que desde el gobierno porteño se trata siempre de dejar estos posibles derrumbes a la deriva, a fin de que se llegue a esta situación dramática para que luego el edificio entre a jugar el partido de los negocios inmobiliarios que existe en la Ciudad de Buenos Aires.

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